Por la radial R-2 de Madrid apenas circulan vehículos. Es una de las nueve autopistas españolas que han resultado ser un fiasco. El Ministerio de Fomento prepara un plan para rescatarlas y pagar a los bancos el 50% de las deudas contraídas por las empresas adjudicatarias. Aunque los recursos, asegura el Gobierno, en ningún caso provendrán de fondos públicos.
Las empresas que gestionan estas autopistas, al declararse insolventes, se han desentendido de pagar a los expropiados, que llevan, como Juan, más de diez años pleiteando para recibir el dinero que les corresponde: “Mis terrenos 70 veces más de lo que me pagó la adjudicataria hace años”.
Ahora le corresponde pagar al Estado: “Las empresas se han quedado liberadas de su pago porque la administración la obligada porque el propietario del terreno expropiado no es la beneficiaria, es el Estado” explica José Manuel Serrano, presidente de ‘José Manuel Serrano Alberca & Conde’.
El tráfico en estas autopistas de pago se ha desplomado por la crisis y por los sobrecostes de las expropiaciones. Y quedan unos 1.800 millones de euros por pagar a los afectados.
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¿Por qué es importante? Son cuatro millones de personas las que ahora temen quedar en un limbo después de que la mutua y el Gobierno no alcancen un acuerdo para renovar la licitación.