A través de un proyecto de ley, el Gobierno canario quiere poner solución a los casi 10.000 expedientes de ejecución de desahucios que hay en las islas. Una medida para evitar desahucios en las situaciones que afectan a las familias en situación de emergencia social, expropiando a los bancos por tres años las viviendas de las que se ha desahuciado a estas familias.
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, dijo que creía interesante el deceto ley andaluz para frenar los desahucios. Anunció que estudiaría si la decisión del Gobierno andaluz tiene "viabilidad jurídica solvente" para ponerla en marcha en su territorio.
No obstante, no lo harán a través de un Decreto Ley, como sí se ha llevado a cabo en Andalucía, sino a través de una modificación de la Ley de Vivienda de la Comunidad. Esta medida no afectará a las viviendas de personas físicas, y tendrán un precio que será fijado por el tribunal correspondiente y que pagarán las familias con la ayuda de recursos públicos.
Sin embargo, Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca, ha mostrado su rechazo a esta medida, asegurando que estas medidas crearán inseguridad jurídica y que "encaminan a España más hacia Argentina que hacia Europa". Pero ha garantizado que la banca obedecerá a las autoridades.