Han pasado ya casi tres semanas desde que Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una Comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia. En este tiempo hemos escuchado escalofriantes testimonios de mujeres y hombres que, siendo unos niños, sufrieron las violaciones a manos de religiosos. Experiencias antes las que es muy difícil mostrar equidistancia. Y aunque la respuesta a la pregunta de si todos esos hechos deleznables merecen una investigación es claramente un sí, encontrar la manera de hacerlo no es una tarea sencilla. No todo es blanco o negro. Los matices en cuestiones tan sensibles son importantes.

Esa comisión de investigación propuesta por los socios de investidura está ahora mismo encallada. El PSOE no la acepta. Y va a hacer todo lo posible para que no prospere. Lo dijeron y se mantienen porque creen que una comisión parlamentaria no es el mejor formato para esclarecer los hechos.

¿Pero por qué se opone el Partido Socialista? En la dirección del partido aseguran que hay víctimas que no están dispuestas a contar públicamente su dolorosa experiencia. Es cierto que entre las Asociaciones de víctimas no hay unidad. Lo hemos visto en sus declaraciones públicas y también nos lo han contado quienes se han reunido con los colectivos. No todas están dispuestas a exponerse a la publicidad de una comisión parlamentaria. Esta división también complica el acuerdo entre los partidos políticos. Ninguno quiere hacer nada que les dañe aún más. Todos tienen claro que las víctimas tienen que estar en el centro de las decisiones. También es cierto que podría aprobarse una comisión de investigación parlamentaria en la que se respete el derecho de las víctimas a declarar sin cámaras y a puerta cerrada si así lo desean. Pero éste no es el único problema a resolver.

La otra cuestión de peso tiene que ver con la Iglesia. El Gobierno mantiene desde hace tiempo conversaciones con la Conferencia Episcopal en un intento por conseguir su colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Fuentes socialistas confirman a laSexta que la Iglesia ya habría hecho saber al Gobierno que no están dispuestos a participar en una comisión en la que las preguntas las hagan los diputados de todo signo político. Temen la refriega que puede montarse más que a un nublado. La Conferencia Episcopal estaría más cómoda participando en una comisión a puerta cerrada liderada por el Defensor del pueblo, sin el foco diario puesto en las comparecencias.

Y eso es justamente lo que no acepta, por ejemplo, ERC. No están dispuestos a cubrir con el velo del secretismo este asunto. Los republicanos catalanes no están en una posición anticlerical porque dentro de su partido también hay una sensibilidad católica y creyente pero quieren luz y taquígrafos para que la ciudadanía conozca lo ocurrido.

El Partido Popular ha modulado su discurso en las últimas horas. O eso ha parecido. Cuca Gamarra, la portavoz popular en el Congreso, asegura que no se opondrán a una investigación fuera del Congreso de los Diputados. Insisten en que también quieren que se investiguen los abusos que se han producido en otras administraciones, como las violaciones a niñas tuteladas en centros de menores de varias comunidades autónomas, pero al menos parece que podrían apoyar una investigación llevada a cabo por el Defensor del pueblo, sobre todo si la Iglesia se abre a colaborar en ella.

Este martes se iba a votar si la comisión de investigación debía debatirse en el pleno. El PSOE ha conseguido aplazar el debate una semana. Unidas Podemos ha accedido al retraso con la voluntad de llegar a un acuerdo en los próximos días. En el PSOE están convencidos de que habrá pacto y que éste tema no va a ser motivo de discusión. Sin duda, las víctimas se merecen que al menos por una vez el ruido no tape lo importante. El sufrimiento que han vivido merece todo el reconocimiento posible y la reparación de una sociedad que no debe mirar hacia otro lado.