Los nuevos Pactos de la Moncloa para hacer frente a la crisis que está dejando el coronavirus ya no son tal. El Partido Popular no ha querido que las conversaciones se celebren bajo el paraguas del Gobierno. Pablo Casado quiere que todo lo que se acuerde se haga en el ámbito parlamentario, a través de una comisión, con "luz y taquígrafos". Sánchez ha aceptado esa condición y la comisión se pondrá en marcha la semana que viene.

Finalmente, el PSOE y Unidas Podemos han registrado la comisión al margen del PP y será aprobada por la mayoría de ambos grupos en la mesa del Congreso el próximo martes. En la comisión estarán representados todos los partidos políticos del Parlamento. Será presidida por el PSOE a pesar de que el PP quería que esa silla fuera para uno de los suyos. Durará dos meses y las conclusiones deben estar listas antes de que acabe junio. Fuentes socialistas aseguran que quieren que la comisión "sea ágil, no nos podemos permitir veleidades. Es una Comisión para trabajar que se tiene que reunir mucho".

Gabriel Rufián, en las últimas horas, ha hecho la siguiente reflexión: "La mejor forma de que un tema muera es crear una comisión en el Congreso".

No le falta razón. Su argumento está avalado por varios ejemplos. El más notorio que me viene a la cabeza es el de la Comisión parlamentaria que se creó para la reforma del Estado autonómico. ¿Se acuerdan? Es posible que no porque no tuvo gran repercusión. Se creó en noviembre de 2017 porque Pedro Sánchez se lo pidió a Mariano Rajoy a cambio de apoyar el 155 en Cataluña. Su última sesión se celebró en febrero de 2019. Estuvo funcionando un año y tres meses. En ese tiempo se celebraron 249 comparecencias. Algunas de ellas de personas tan ilustres como los padres de la Constitución. Desfilaron por ella eminencias en Derecho Constitucional y voces autorizadas de la política española. ¿Para qué? Para casi nada. En la web del Congreso están los diarios de sesiones y pueden ustedes consultar discursos llenos de historia y conocimiento para ilustrarse durante su confinamiento, pero sirvió para poco más. No hubo ningún acuerdo ni un intento de tal cosa. La comisión se cerró igual que se abrió. Sin demasiada convicción.

Hay más ejemplos en el parlamentarismo de comisiones que han hecho aguas. La del Pacto de Toledo, por ejemplo. Tiene la importante misión de reformar el actual Sistema de Pensiones pero no hay manera de que se produzca un consenso entre los grupos que la componen. Unos y otros salen de la sala en la que se reúnen con las mismas ideas con las que entran. Siempre emplazándose a una próxima cita. Pero la siguiente tampoco es la buena.

También es verdad que ha habido comisiones exitosas. La de la violencia de género es una de ellas. Se consiguió un acuerdo casi unánime con 200 medidas para hacer frente a la lacra machista. Pero los trabajos se extendieron durante nueve largos meses.

Así las cosas y con estos antecedentes, es normal que a alguno le cueste tener confianza en que una Comisión parlamentaria trabaje de manera eficaz, buscando soluciones rápidas y abandonando los intereses partidistas. La luz y los taquígrafos que reclama Casado no hacen más que complicar el entendimiento; porque los partidos no son capaces de hacer renuncias en público. ¡No vaya a ser que les acusen de ceder demasiado! España se enfrenta a su peor crisis sanitaria, social y económica y nuestros políticos tienen el reto de llegar a un acuerdo en un tiempo récord. Ojalá Gabriel Rufián se equivoque. Pero puede pasar que la Comisión del virus acabe fortaleciendo al virus de las Comisiones: el letargo.