No hace falta ser de izquierdas, basta con ser adversario de la derecha o que ellos te consideren así. El sesgo de clase, patriarcal y filofranquista que tiene la judicatura española hace imposible confiar en la justicia si tienes posiciones ideológicas diferentes a las que conforma la carcunda patria. No hay manera de creer en una justicia ecuánime con lo vivido en democracia en los últimos cuarenta años mirando a la justicia y esto se ha acelerado de manera dramática en cuanto el Estado ha visto poner en cuestión los aspectos fundamentales de su armazón.

La sentencia contra José Antonio Griñán es la última de una larga lista de sentencias que tienen más de políticas que de justas. La resolución da por bueno que presidir un gobierno en el que hay una estructura de subvenciones que posee el riesgo de que alguien defraude o robe, y alguien lo haga, te convierte en susceptible de entrar en prisión. La responsabilidad política de Griñán es clara y diáfana, pero meter a alguien en la cárcel es un paso más. No es lo mismo dimitir que acabar preso, porque si lo que han resuelto los tribunales es delito, personas como Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy o Francisco Camps tenían que haber sido condenados a penas del mismo tipo. Sería debatible la creación de un tipo penal para quien es responsable último de que en su administración se cometan estas tropelías, pero hoy ese delito no existe. Aunque sí existe para quien la rancia judicatura pone en su diana.

El problema que tenemos en España con la justicia es de difícil solución. La no renovación del Consejo General del Poder Judicial es una muestra de que la derecha sabe que la justicia está de su parte y no tiene ningún complejo en secuestrar las instituciones e incumplir la Constitución de forma burda e impune para seguir utilizando el poder judicial como una herramienta política más al servicio de sus intereses partidistas. Si eres progresista, comunista, independentista, republicano, sindicalista, anarquista o feminista no puedes confiar en la justicia porque sabes que te dará un trato peor y que posiblemente tu simple condición te ponga en una situación más complicada de cara a tener un juicio justo. Pero no hace falta verse ante un tribunal, basta con no poder confiar en la judicatura y sus resoluciones cuando se emiten a la hora de valorarlas para dirimir tu vida pública y las decisiones políticas que todo ciudadano tiene que resolver.

Son tantos los casos de persecución judicial por las ideas a adversarios de la derecha en este país que solo un necio puede tomar un auto o una sentencia sin leerla y valorarla de forma crítica como un argumento para tomar una decisión o hacer una valoración pública. El cierre de Egunkaria o Egin, la cacería contra el periodista Pepe Rei, el encarcelamiento de Pablo Hasel, la condena a Valtonyc, el calvario jurídico que sufrió Tamara Carrasco en su vinculación con unos supuestos violentos CDRs, las condenas brutales y desproporcionadas a los enjuiciados en el procés, los chavales de Aturem el Parlament y los de Altsasu, Cándido y Morala y los cientos de sindicalistas que les acompañaron en sentencias injustas. También unos pobres titiriteros o los intentos de destruir a Podemos y a sus miembros con sentencias o sumarios aberrantes como los de Isa Serra, Victoria Rosell, Alberto Rodríguez o Gara Santana. Lo triste y lamentable es que estos son solo unos pocos ejemplos. La connivencia de jueces, fiscales y magistrados con la persecución política a unas ideas determinadas está probada en tantos años de democracia fallida e imperfecta, porque sin una justicia independiente que trate a todos por igual no puede existir un sistema democrático que se precie de llamarse así. Ya es tarde para los que tenemos memoria y la justicia española lo es de parte, al servicio de una ideología y una clase que busca disciplinar a todo aquel que no piense como ellos consideran digno. Es su justicia, así que no pidan que confiemos en sus sentencias. Sabemos lo que hay detrás de quien las dicta.