Griñán, que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y presidente del Gobierno socialista andaluz de 2009 a 2013, ha comenzado a declarar en el juicio de la pieza política del caso ERE respondiendo a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que le acusa de prevaricación y malversación y pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
El expresidente ha dicho que como consejero de Hacienda no conocía al detalle la "multitud de programas" del Presupuesto andaluz y en concreto el relativo a las ayudas investigadas no fue objeto de especial análisis ni debate con el consejero de Empleo porque "era insignificante" dentro de sus cuentas.
Cuando el fiscal le ha dicho que era el de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha respondido que eso es como "quitarle el SAS a la Consejería de Salud".
Griñán ha empezado a prestar declaración tras concluir el turno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya comparecencia se ha desarrollado durante más de ocho sesiones, y que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del presidente del tribunal, que en la última sesión se había centrado en las "contradicciones" entre su declaración en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya y la prestada en esta vía oral.
Concluida la declaración de Fernández, el expresidente, para quien el Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha manifestado al inicio de su declaración que va a responder a las preguntas del tribunal, del fiscal y de su abogado defensor, José María Mohedano.
Las primeras preguntas del representante del Ministerio Fiscal se han centrado en su formación académica y sus distintas responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación y han continuado con las órdenes ministeriales de los años 1994 y 1995.
En su declaración el 9 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, Griñán negó haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se desvinculó de la gestión de los gastos en ayudas sociolaborales.