Según publica 'The Washington Post', poco después de asumir el poder a comienzos de 2017, y con el objetivo de frenar las frecuentes filtraciones a la prensa de detalles sobre su Gobierno, Trump instruyó a los altos funcionarios de la Casa Blanca a firmar acuerdos de confidencialidad.
El diario accedió a un borrador de esos acuerdos, que afirma que quién lo rompa deberá pagar 10 millones de dólares al Gobierno federal, aunque es probable que la multa descendiera en el contrato final porque algunos de quienes lo firmaron no recuerdan una cifra tan alta.
El compromiso de confidencialidad no caducaría cuando el funcionario abandonara la Casa Blanca, sino que seguiría activo cuando termine el mandato de Trump.
"Los empleados públicos no pueden ser amordazados por acuerdos privados. Estos supuestos acuerdos son inconstitucionales e imposibles de implementar", dijo la organización independiente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).