El Supremo, al aceptar
la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, ha nacionalizado los
bienes de la organización religiosa, según la agencia Itar-Tass. El pasado
marzo se había sabido que el Supremo iba a estudiar declarar organización
extremista a los Testigos de Jehová, después de que el Ministerio de Justicia solicitase
permiso para cerrar las principales oficinas de este grupo religioso, ubicadas
en la ciudad de San Petersburgo.
Tras conocerse la
noticia, los Testigos de Jehová habían defendido que no son una organización
extremista y advirtieron de que el veto afectaría a 400 de sus ramificaciones y
a un total de 175.000 fieles en Rusia. "Si esta denuncia prospera,
acarreará consecuencias catastróficas para la libertad religiosa en Rusia",
dijeron en un comunicado.
Rusia ya había prohibido
publicaciones de la organización argumentando que destruye familias e incita al
odio y, según Amnistía Internacional, 16 miembros ya fueron condenados a
finales de 2015 por pertenencia a una "organización extremista".
La Unión Europea ha
defendido que la libertad de religión o credo debe ser un derecho que puedan
ejercer las personas en todo el mundo y ha dejado claro que "los Testigos
de Jehová, como cualquier otro grupo religioso, debe poder disfrutar
pacíficamente de la libertad de asamblea sin interferencias", tal y como
garantiza la propia Constitución rusa.
"La decisión del
Tribunal Supremo de la Federación Rusa de prohibir las actividades del Centro
Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia por razones de extremismo
podrían permitir lanzar procesamientos judiciales contra los Testigos de Jehová
solo por meros actos de culto", ha avisado un portavoz del Servicio
Europeo de Acción Exterior.
El servicio diplomático
de la UE ha dejado claro que "los Testigos de Jehová, como cualquier otro
grupo religioso, debe poder disfrutar pacíficamente de la libertad de asamblea
sin interferencias", tal y como garantizan la Constitución rusa y los
estándares internacionales de Derechos Humanos.
"La Unión Europea
continúa promoviendo la libertad de religión o credo como un derecho que debe
ejercer todas las personas en cualquier parte, con arreglo a los principios de
igualdad, no discriminación y universalidad", ha remachado el portavoz.