Una de las leyes que más ha indignado en el mundo de la justicia ha sido el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana pretende castigar con hasta 30.000 euros la desobediencia o resistencia a la autoridad, las ofensas a España o determinadas concentraciones frente al Congreso. El mismísimo Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, publicó un informe de 115 páginas calificando varios puntos del texto como inconstitucionales. Desde el gobierno de los jueces han salido más informes críticos con los proyectos de ley del Gobierno. Por ejemplo, la ley del aborto de Gallardón.
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