Concha Garea, paciente del Sergas, lleva siete meses con la vejiga desprendida. Cuando le dijeron que tenía que operarse en la sanidad pública gallega, le pidieron que eligiese entre un hospital público y dos privados, y eligió el público. “Yo prefiero el hospital público porque tienen mejores profesionales”, cuenta la afectada.
Lo que no sabía es que con esa elección estaría desde 3 de julio de 2014 esperando a la intervención. “Hago una reclamación por escrito y me dicen: usted rechazó la asistencia privada”, cuanta Concha, mientras insiste en que nadie le explicó que su elección supusiese más retraso.
La Xunta garantiza por ley que cuando un paciente no sea atendido en 60 días, puede ser atendido en un privado. Concha escogió un hospital público y cree que está siendo penalizada por ello.
El caso de Concha no es único, ya que médicos y sindicatos denuncian que la Xunta da dinero a la privada y recorta personal y medios en los centros públicos. "Es una táctica que tiene como objetivo favorecer al sistema privado", declara Manuel Martín, de la Plataforma Defensa Sanidad Pública. Con molestias continuas, no entiende que la Xunta presuma de que sus listas de espera sean de sólo 58 días.
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