A la llegada del verano, los pisos a pie de playa son los más demandados. En la capital catalana hay 9.600 licencias de pisos turísticos, pero el problema viene cuando los inquilinos realquilan a los turístas la vivienda. Una normativa poco clara y hasta la fecha se han sancionado con 90.000 euros a algunos propietarios por dicha actividad.
Este es el caso de María Sánchez, la cual tiene un piso alguilado pero sabe que quien lo habita no es quien tiene firmado el contrato. Dicha inquilina realquila el piso a través de una plataforma de apartamentos turísticos, sin tener capacidad legal para hacerlo.
Sobre esto, Francisco Urbano, un agente inmobiliario afirma que " en el contrato se especifica detalladamente que es para uso personal por lo tanto, está haciendo un uso indebido de lo que el contrato dice".
Ante este tema, los propietarios se quejan de que el ayuntamiento no acepta la documentación que demuestra dicha actividad del inquilino. "Las leyes están mal hechas, que se hagan adeacuadamente para que tanto el propietario como el vecino estén protegidos", asegura Oriol Casavella, presidente de la barceloneta.
Una actividad que, aunque se especifique que está prohibida en el contrato, se lleva a cabo y puede acarrear una multa de hasta 90.000 euros. El ayuntamiento asegura que las multas se derivan al inquilino si se demuestra que es el único responsable.
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