El juez que instruye el caso del Madrid Arena, Eduardo López-Palop, dio de plazo hasta las tres de la tarde para que el empresario, Miguel Ángel Flores, presentara fianzas hipotecarias sobre las propiedades con las que avaló los 100.000 euros de incremento de la fianza. Flores aportó las notas del Registro y las escrituras originales de cuatro inmuebles -uno situado en Madrid y tres ubicados en Castellón-, pertenecientes a terceros y cuyo valor asciende a dos millones de euros, según su letrado, pero el juez le requirió una garantía más estricta que debía aportar.
El magistrado hizo esta petición teniendo en cuenta los escritos de las acusaciones particulares y de la Fiscalía en relación a la "ineficacia" de la documentación aportada por Flores para cubrir el incremento de la fianza de 200.000 a 300.000 euros. Por eso el empresario, su abogado y el apoderado de la sociedad a la que pertenecen esos inmuebles han acudido al juzgado para presentar una fianza hipotecaria formalizada ante notario, según ha explicado el letrado.
Se trata de una parcela valorada en 200.000 euros ubicada en Alcossebre (Castellón), en suelo urbanizable y libre de cargas, según el documento presentado por la defensa de Flores ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que instruye el caso. El letrado considera que Miguel Ángel Flores "ha realizado todos los trámites pertinentes para garantizar su situación de libertad provisional", aunque en su opinión ya lo había cumplido.
Ahora el magistrado estudiará los documentos presentados y decidirá si suponen una garantía suficiente para que el empresario siga en libertad. Eduardo López-Palop también tiene pendiente resolver sobre el recurso interpuesto por la defensa de Flores para que el empresario pueda comparecer en un Juzgado de Málaga del 4 al 25 de agosto, y no tenga que hacerlo en Madrid.
Flores tiene que firmar en los juzgados una vez a la semana -los jueves- en virtud de la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 28 de julio, que estimó parcialmente el recurso presentado por el empresario contra las medidas cautelares dictadas el 21 de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en el que se le imponía firmar todos los días.
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