La gesión de la crisis del ébola ha llegado a los Tribunales. En un auto la jueza de Instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad, solicita al Hospital Universitario de La Paz que remita documentación acreditativa de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación proporcionada al mismo en relación con los hechos denunciados.
También pide al centro sanitario la relación de los asistentes a los cursos de formación y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus.
En su resolución la instructora señala que "los hechos que resultan de las actuaciones presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Añade que "no estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable".
La cadena de protección se rompe en el momento en el que Teresa Romero es trasladada al hospital en una ambulancia convencional sin consultar al Ministerio de Sanidad. Aunque recalcan que la primera en incumplir el protocolo es la Gerencia del Hospital de La Paz por meter en un hospital desmantelado a su plantilla sin los trajes adecuados y la supervisión necesaria.
El Ministerio Fiscal ha detenido su investigación una vez que ha tenido conocimiento de que el Juzgado ha incoado diligencias por los mismos hechos y ha remitido a la magistrada todo lo que ha investigado, según le obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los médicos denunciaron que desde que la dirección de La Paz comunicó el 25 de abril a su Servicio de Medicina Intensiva que el hospital fuera designado centro de referencia para detección y tratamiento del ébola, los médicos empezaron a denunciar "la necesidad de una infraestructura, medios y formación".
Suman a esto una falta de formación,que se les prometió mediante talleres prácticos, según los denunciantes. En su lugar, señalan, el servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital ofreció "en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos. Formación que todavía no incluye un punto clave, el de los llamados 'cuidados postmortem'.
Por otra parte, reclama a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia, en la que se señalan posibles delitos contra la salud pública y contra la seguridad de los trabajadores. En agosto, ante la inminente llegada del primer misionero infectado y "la ausencia de los medios solicitados", volvieron a dirigirse el día seis a la Consejería pidiendo la implantación de las medidas con urgencia máxima, algunas de las cuales fueron subsanadas al "reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia" en vez de La Paz, añaden.
Aunque el 8 de agosto el jefe de Servicio aseguró en un comunicado haber cumplido las peticiones, los denunciantes aseguraron que no fue así, ya que "la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente y del personal".
El escrito de denuncia añade que "los trajes de bioseguridad disponibles no son los adecuados" y que "tampoco se ha recibido formación adecuada sobre su colocación ni especialmente su retirada". El seis de octubre, tras una nueva reunión con la Subgerencia de La Paz se proporcionaron los trajes solicitados "pero no la formación y entrenamiento adecuados de todo el personal", ni tampoco la ampliación de las esclusas cuyo reducido tamaño dificulta la retirada de la vestimenta y descontaminación del equipo, añaden.
