Esta decisión ha sido adoptada tras un primer análisis que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Extremadura han realizado de los hechos que rodean al accidente ya que pueden revestir de manera jurídicamente razonable los caracteres de delito, ha informado la Junta en una nota.
Se da la circunstancia que la personación de la Administración en este caso ha sido una de las peticiones que los familiares de las víctimas han trasladado al presidente José Antonio Monago que, de inmediato, dio la orden para realizar el citado análisis de oportunidad y fundamentación jurídica para el ejercicio de la acción penal, dice el comunicado.
El Gobierno de Extremadura pretende amparar completamente a las víctimas y sus familias, "descargándoles del peso emocional que puede suponer el proceso penal que se va a sustanciar una vez la autoridad judicial finalice las diligencias que se están llevando a cabo".
