El Gobierno en funciones ha conseguido cerrar el cerco sobre la pesca pirata, tras la desarticulación del "grupo de piratas pesqueros" de Vidal Armadores, internacionalmente conocido y activo durante al menos una década.
En la "Operación Yuyus", han participado la Guardia Civil e Interpol y se ha saldado con seis detenidos y 16 personas investigadas por delito ambiental, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La Guardia Civil calcula los beneficios del grupo en al menos 10 millones de euros al año.
"Las acciones de España están escribiendo la historia de cómo se va a erradicar la pesca ilegal de los océanos. La pesca pirata no es solo un delito ambiental, sino que pone en peligro el sustento de los pescadores legales", ha destacado Lasse Gustavsson, el director ejecutivo de Oceana, una organización de conservación marina.
La pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR o IUU, por sus siglas en inglés) es una de las principales causas de la sobreexplotación de los océanos.
Los piratas capturaban merluza negra, una lucrativa especie que es esencial para el equilibrio ecológico de las aguas de la Antártida, por lo que sus acciones se consideran un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en general.
En el 20% de los casos
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