Cerca de 2.000 personas, sobre todo ancianos, extranjeros y discapacitados, han sido estafados por una red de falsos instaladores de gas, que llegaban a cobrar entre 50 y 390 euros por supuestas revisiones y trabajos innecesarios, aunque de alguna víctima llegaron a obtener 2.500 euros.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, agentes de este cuerpo han desarticulado una red delictiva dedicada a estas estafas en ocho comunidades autónomas y han detenido a doce personas, creadoras de un entramado de 60 empresas que llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social de casi 4 millones de euros.
La operación se ha desarrollado en las comunidades de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana. Según las investigaciones, los falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables, a quienes amenazaban con cortar el suministro o con importantes multas si se negaban a la revisión "obligatoria".
Así, llegaron a obtener hasta 2.500 euros de una sola víctima y a asediar a ancianos a los que estafaron en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible.
Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y contaban con numerosas propiedades en España, según la Policía, cuya investigación ha permitido el embargo de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades, así como la incautación de 10 vehículos de alta gama.
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