La 'inquilina' recoge las pocas cosas que tiene en casa porque sabe que le van a echar: "Me dijeron que por las buenas o por las malas y yo les contesté que no me iba porque no tenía donde ir".
Llegó hace un año a Sevilla huyendo de las amenazas en el ámbito famliar.
María cobra una pensión de 365 euros, no tiene trabajo y vive con sus tres hijos menores de catorce, doce y once años.
Las vecinas le daban bocadillos a sus hijos y fueron ellas las que le contaron que uno de los pisos estaba libre y abierto.
El piso es propiedad de la empresa Municipal de la Vivienda. Lo comunicó al Ayuntamiento y envió todos los papeles para conseguir un alquiler social que no llega. Compró una cerradura y se instalaron en el inmueble.
"Yo lo que quiero es un alquiler social, no quiero vivir por la cara, necesito tiempo". Se le acusa de un delito de usurpación y se le reclaman los daños causados en la cerradura.
El Ayuntamiento recuerda que hay que seguir el orden de adjudicación de viviendas.
