Maria Dolores sufre acoso por parte de su expareja. Días tras día, la situación laboral de la víctima le obliga a cruzarse en dependencias muncipales con él. Ambos son empleados del Ayuntamiento de Cabra, en Córdoba.
El consistorio ha pedido a la policía local que lo vigile durante la jornada, pero Maria Dolores tendría que volver a denunciar ante los tribunales para conseguir un verdadero cumplimiento de la ley de alejamiento.
Su expareja fue condenada en dos ocasiones por violencia machista. El juez le impuso una orden de alejamiento de 250 metros tras haberla amenazado y vejado. Una medida, que según María Dolores, no se cumple.
María Dolores afirma no tener suficientes fuerzas para afrontar un tercer juicio. La víctima lleva 6 meses de baja encerrada en su casa por miedo a encontrarse con su maltratador y pide ayuda constante a las administraciones.
