El despacho Martínez-Echevarría Abogados ha abierto un servicio jurídico especializado para la defensa de los pacientes afectados por el cierre de las clínicas odontológicas de iDental. "Son muchos los afectados por esta empresa que ha abandonado su actividad, dejando a cientos de pacientes con tratamientos inacabados y deudas pendientes con las empresas financieras que colaboraban con la clínica", han explicado desde el bufete.
Por ello, los especialistas en protección de los Derechos del Consumidor del despacho ya han puesto en marcha varios procedimientos judiciales por incumplimiento de los servicios contratados, solicitando y logrando en la mayoría de los casos, según han asegurado, que se paralice el pago de las cuotas de los préstamos concedidos e incluso que se devuelvan las cantidades ya abonadas hasta el cierre inesperado de estos establecimientos.
"Muchos consumidores han resultado perjudicados por el crédito que contrataron asociado a sus tratamientos, que no han sido terminados. De no mediar una decisión judicial deberán seguir abonando las cuotas de la financiación comprometida, a pesar de haber cesado la prestación del servicio", han explicado.
Desde Martínez-Echevarría Abogados han confirmado que tienen "una gran experiencia en este tipo de casos, en los que los afectados tienen que continuar haciendo frente a las cuotas del préstamo que contrataron con el único fin de recibir un tratamiento odontológico concreto que ahora se ha suspendido".
En los 35 años de trayectoria del despacho, han incidido, "hemos logrado importantes éxitos en defensa de consumidores afectados por empresas de distintos sectores que actuaron de forma inadecuada: bancos, academias de formación, autoescuelas, clínicas dentales, etcétera", ha subrayado Vicente Morató, socio y director general de este bufete.
"Son muchas las asociaciones de consumidores, entidades y fiscalías a lo largo de todo el país que consideran que los responsables de las Clínicas iDental han podido incurrir en delitos contra la salud por abandono de pacientes", han señalado.
Así como, han continuado, en delitos de estafa por el cierre unilateral de las clínicas, interrupción de los tratamientos, no establecer mecanismos efectivos para la resolución de los préstamos vinculados y devolución de los importes cobrados directamente a los afectados por la totalidad de unos tratamientos que no se van a realizar.
Además, "la situación se está agravando con el paso de los días, más aún cuando el Defensor del Paciente recomienda a los miles de afectados realizarse pruebas de VIH, hepatitis y otras enfermedades", han resaltado.