La Sala de lo Penal del Supremo ha adoptado esta decisión por unanimidad tras admitir los tres recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado, el fiscal y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Audiencia de Castellón de excluir el delito de cohecho en este caso.

Según ha informado el tribunal en una nota de prensa, el Supremo, tras deliberar toda la mañana, ha acordado remitir las actuaciones al juez de instrucción número uno de Nules para que con absoluta libertad de criterio dicte nuevo auto de apertura de juicio oral.

Ese auto debe incluir a "las personas contra las que se abre y los delitos que se les imputan, concretando el tipo de procedimiento y teniendo en cuenta las reglas de conexión delictivas", dice el Supremo. En el denominado "caso Fabra" se investigó al expresidente provincial del PP de Castellón Carlos Fabra por delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

La Audiencia de Castellón estimó un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa, decisión que ahora revoca el Supremo, que deja libertad para incluirlo en el procesamiento al instructor de la causa.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Según esa resolución, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según apuntan las investigaciones judiciales.

Estas investigaciones señalan además que las cantidades supuestamente defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.