El duque de Palma se enfrenta a la imputación por seis delitos en el marco del 'caso Nóos' y por los que declara ante el juez Castro, un año después de su primera comparecencia.

El primero de ellos es delito fiscal, ya que el último informe de la Agencia Tributaria atribuye a Urdangarin el fraude de 240.000 euros en el impuesto de sociedades, al alimón con Diego Torres. Además, el duque también habría defraudado dos cuotas superiores a 120.000 euros, cada una en el IRPF de 2007 y 2008.

En cuanto al fraude a la administración, la investigación ve claro que el duque consiguió casi 6 millones de euros de la Comunidad Valenciana y de Balerares con contratos inflados, que no respetaban la normativa y se realizaban de forma irregular.

Francisco Camps y Rita Barberá saltan a la palestra y también se enfrentan a una posible imputación.  De las arcas públicas de Baleares, el Instituto Nóos recibió 2,3 millones de euros y de Valencia logró unos 3 millones.

Para defraudar a la administración, el paso previo es la comisión de otro delito, el de falsedad documental. Urdangarin y Torres habrían presentado facturas que no se correspondían con los servicios realizados, como en el caso de los Juegos europeos que debían celebrarse en Valencia y que nunca tuvieron lugar.

Urdangarín también habría presentado facturas con fechas anteriores a la firma del contrato en el caso de otros eventos, utilizando facturas falsas e infladas y valiéndose de presupuestos, informes y servicios ficticios. 

La prevaricación es otro de los delitos que se le imputan y Urdangarin habría conseguido los contratos sin que mediaran concursos. Presentarse como el yerno del Rey le habría abierto todas las puertas.

El duque y su socio también serán acusados de malversación de caudales públicos, ya que recibieron más de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, que no tenía ánimo de lucro. Sin embargo, ese dinero acaba en otras sociedades como Aizoon.

El último, el de evasión de impuestos, por los 5,8 millones de euros de dinero público pagado por la Generalitat Valenciana y el Govern Balear, entre 2004 y 2007, así como de haber creado junto a su socio, Diego Torres, una trama de sociedades para el desvío de estos fondos y su evasión fiscal.