El presidente canario, Paulino Rivero, ha acusado hoy al Gobierno de "haberse parapetado tras los tribunales para impedir que los canarios se expresen" sobre las prospecciones petrolíferas en la consulta popular prevista y suspendida por el Tribunal Constitucional.
Rivero, ha denunciado que "no podemos tolerar que el Gobierno del Estado defienda el interés particular de una multinacional, frente al clamor mayoritario de la sociedad canaria".
"Queremos hacernos oír", ha dicho Rivero con motivo de una declaración institucional en contra de las prospecciones autorizadas a Repsol en aguas próximas a Canarias, que ha sido firmada por numerosos representantes de instituciones y partidos políticos de las islas, con excepción del PP.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, en la misma línea de su partido político, ha denunciado la consulta popular calificándola de "amenza que expone el gobierno de canarias al sector turístico, dando una imagen de Canarias que no se corresponde con la realidad".
Rivero ha insistido en que los sondeos petrolíferos "constituyen una agresión al interés y a la voluntad mayoritaria de los canarios", que ha sido "planificada desde hace dos años".
En este sentido ha alertado del daño que el sector turístico podría sufrir "por la codicia de una multinacional, codicia que cuenta con la complicidad del Gobierno del Estado".
La Declaración del 23-N indica también que los ciudadanos canarios "se han manifestado multitudinariamente en contra de las prospecciones en dos ocasiones y la inmensa mayoría de las instituciones canarias han adoptado también acuerdos posicionándose expresamente en su contra".