Andreu ha decretado la puesta en libertad pedida por las defensas de Gao Ping y otros presuntos cabecillas de la red, entre ellos la mujer del líder, Yang Lizhen, y el presunto responsable del aparato extorsionador de la trama mafiosa, Li Haibo.
El resto de excarcelados son Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang.
Andreu ha tomado esta decisión a pesar de la oposición de los fiscales y ha impuesto a los doce excarcelados las medidas cautelares que reclamaba Anticorrupción de prohibirles abandonar el territorio nacional, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional.
Estas puestas en libertad se producen después de que la Audiencia declarara ilegal la prórroga de las detenciones dictada por el juez Andreu y ordenara la puesta en libertad de otros cuatro imputados, entre ellos uno de los lugartenientes de Ping, Wei Li, y el presunto responsable de la contabilidad de la red y directivo de su trama empresarial, Kay Yang.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el 18 de octubre Andreu amplió 72 horas más de las contempladas en la ley el arresto de una veintena de imputados, que son precisamente los cabecillas de la trama, al considerar que no podía enviarlos a prisión sin haberles tomado declaración antes.
Sin embargo, la sección tercera afirmó que el juez tenía que haber dictado prisión para ellos transcurridas las 72 horas y que no podía prorrogar su detención, ya que ello vulnera su derecho constitucional a la libertad.
Andreu entiende que no se ha producido ninguna infracción porque durante las primeras 72 horas en que los imputados permanecieron detenidos estaban a cargo de la policía, por lo que su arresto era policial, y no judicial.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa han interpuesto diferentes recursos contra estas decisiones de la sección, con la intención de que se pronuncie el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por los 19 jueces de este orden.
En el mismo sentido, el juez de la sección segunda José Ricardo de Prada ha solicitado que estos 19 jueces lleguen a un acuerdo sobre la legalidad de las detenciones, con el objetivo de unificar la doctrina al respecto. El juez investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales en delitos de inmigración ilegal, matrimonios concertados entre chinos y españoles, extorsión, prostitución y hasta juego ilegal.