Maria Jesús tuvo que pasar por el aro de la administración, ya que si quería cobrar todas las facturas que guardaba en el cajón, debía de olvidarse de los intereses de demora. "El Gobierno nos puso una pistola por medio de decreto ley diciendo que o renunciábamos a eso, o no teníamos derecho a nada", cuenta la faarmaceútica.
Y en su caso, el derecho a nada significaba cerrar su farmacia. Además, añade, que tuvo que "ceder 8.000 euros para poder recibir el montante de 175.000".
Sin embargo, ahora los tribunales dicen que "obligar a esa renuncia es ilegal" y el Gobierno podría tener que devolver 4.000 millones por culpa de este mecanismo de los planes de pago a proveedores.
La ley marca 60 días y la administración defiende que en este momento la demora en los pagos es menor. 50,5 días en el caso de las comunidades y 29,1 en el de los ayuntamientos. Pero la plataforma contra la morosidad empresarial dice que de eso nada y cifra la media de espera en 111 días.
Antoni Cañete, Director de la Plataforma contra la morosidad empresarial, afirma que "se debe contabilizar el plazo desde que se presta el servicio, pero el Gobierno no lo hace".
De esta forma, se seguirán acumulando los intereses de demora que a tenor de esta primera sentencia, que adelanta una avalancha de reclamaciones. Los empresarios tendrán que pagar sí o sí.