Así lo ha explicado en conferencia de prensa el portavoz del gobierno y conseller de la Presidencia, Francesc Homs, presente en la primera reunión de este Consejo junto con el presidente catalán, Artur Mas, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
Pese a que "el punto de partida es poder organizar algún día una consulta y lograr que Cataluña disponga de un Estado propio", el Consejo no hará "trabajos de estado de ánimo", sino que elaborará informes con fundamento académico y elaborado por personalidades de prestigio en el mundo universitario, ha remarcado Homs.
El conseller ha admitido que el Consejo tiene ante sí "un trabajo duro y complicado y muchos interrogantes a resolver", y sus 14 integrantes -con la última incorporación del académico Rafael Grasa- son plenamente conscientes de que "se les mirará con lupa".
Formado mayoritariamente por académicos y presidido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, el Consejo para la Transición Nacional tiene la función de asesorar al gobierno catalán en los pasos a seguir para convocar la consulta de autodeterminación y para construir las denominadas "estructuras de Estado".
En total, el consejo realizará entre 15 y 20 informes que se irán entregando a lo largo del presente año, con los que asesorará sobre estructuras de una Cataluña eventualmente independiente, para que tenga hacienda propia, seguridad social, poder judicial, banco central, defina su encaje en la UE y cuestiones como la "doble nacionalidad".
Según Homs, el contenido de los informes servirá tanto para detractores como a favorables al estado propio porque ofrecerá al debate soberanista "datos objetivos y contrastados".
Se elaborará un informe específico sobre la consulta, con vías alternativas o complementarias a las ya planteadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat y que se entregará al gobierno antes del verano.
También se elaborarán estudios sobre los escenarios de una Cataluña independiente en la UE y su relación con el Estado español. Asimismo, el Consejo hará informes sobre cómo se repartirían, en caso de secesión, los activos y pasivos de España o cómo se articularía la sucesión de contratos de bienes y servicios cuyo titular sea también el Estado.