Fuentes del Gobierno han confirmado que esa reunión estará presidida por Rajoy, aunque han subrayado que estaba todo dispuesto para que si Mas hubiera firmado antes la convocatoria, la reunión se hubiera desarrollado bajo la presidencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ella y Rajoy, que continúa su visita a China, mantendrán a lo largo de este viernes una conversación en la que fijarán el calendario de los pasos que dará el Gobierno para presentar el recurso contra la convocatoria de la consulta soberanista.

A la espera de que se concrete, una vez que Mas firme el sábado esa convocatoria, el Gobierno citará a la comisión de subsecretarios, como se hace de forma habitual antes de cada Consejo y que estará presidida por Sáenz de Santamaría.

En esa reunión se solicitaría al Consejo de Estado el informe preceptivo para la presentación del recurso. El Consejo de Estado deberá reunirse en las horas siguientes y enviar al Gobierno el texto correspondiente avalando los argumentos para la presentación del recurso. Con ese informe, el Gobierno aprobará el recurso y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que lo presente ante el Tribunal Constitucional.

Rajoy, en una conversación informal con periodistas durante su visita a la Ciudad Prohibida de Pekín, ha asegurado que afronta con "total tranquilidad" el proceso que abrirá Mas con la firma del decreto de convocatoria de la consulta.

Una vez que el Gobierno haya presentado el recurso en el Tribunal Constitucional, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana.

El presidente del TC tiene entre sus atribuciones la convocatoria del pleno, según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. También el Reglamento de la institución recoge, en su artículo 4, que el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados. La convocatoria del pleno se hará con tres días de antelación, salvo que, a juicio del presidente, "la urgencia del caso no permita cumplir ese plazo", según la normativa.