Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, los gobiernos regionales pisan el acelerador de las viejas promesas sanitarias. El año que viene, 15 nuevos hospitales abrirán sus puertas en Españas. Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, ha explicado que la agilización de las obras sanitarias "es una parte de la propaganda electoral, hay que abrir centros sanitarios para que parezca que en vez de estar viviendo en una situación de recortes y deterioro de la sanidad pública, las administraciones se preocupan mucho por ellos".
Levantar el mayor complejo hospitalario de España, el Hospital Público de Vigo fue la gran apuesta de Feijóo en las pasadas elecciones. La secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras, Araceli Loureiro, ha asegurado que es "la bandera sanitaria electoral de Feijó". El Gobierno ha prometido abrirlo el año que viene, pero según los sindicatos, llega tarde y con recortes en servicios. "Servicios de calidad y rentables, como pueden ser el mantenimiento, la lavandería y la cocina", ha apuntado Loureiro.
Otro de los ejemplos es el Hospital del Valle de Guadalorce, en Málaga. Prometió su apertura para las elecciones municipales de 2011, pero a fecha de hoy todavía sigue cerrado. Paco Báez, del Sindicato de Enfermería ha manifestado que "no vamos a consentir que, por un lado, abran hospitales, y por otro, nos sigan cerrando camas de centros hospitalarios".
Camps puso la primera piedra de este hospital en 2007. Fernando Rizo, delegado sindical de UGT, ha explicado que "lo dejaron paralizado por falta de presupuesto". Siete años después, todavía no tiene equipamiento ni personal para funcionar. La Generalitat se ha puesto un plazo de cuatro meses. Concha Martín, Secretaria General Sección Sindical de CCOO, se ha preguntado si es por "el trasfondo es político, por la fotografía", ya que "tiempo han tenido" ha puntualizado.
En Madrid, el gobierno regional acaba de inaugurar un hospital con tres años de retraso. Durante este tiempo, mantenerlo cerrado le ha costado al bolsillo de los ciudadanos 900.000 euros cada mes.