La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, había afirmado que el Govern no ejecutará los nuevos autos judiciales porque son medidas cautelares que están recurridas, así que mantendrá el sistema de inmersión lingüística con la premisa que "no se puede cambiar la lengua del grupo porque lo pida un alumno". "No es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres", ha afirmado hoy Rigau en una comparecencia de prensa en el Parlament.
ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP aplaudieron la decisión del Govern de no aplicar los nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y han criticado la "judicialización" y "politización" de la educación.
En rueda de prensa en la cámara catalana, los partidos han reaccionado así a los diez autos judiciales del TSJC en los que se insta a la administración a impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en las clases de diez centros escolares donde alguna de las familias lo habían solicitado, pero que no ejecutará la Generalitat, según la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, ha apelado a combatir que "los tribunales determinen cómo se deben educar los niños" y pretendan cambiar un sistema vigente desde hace tres décadas y avalado por el Parlament.
Rovira ha avisado del peligro de que se "judicialice la escolarización", ya que generaría una "gran indefensión" en las familias que preinscriben sus hijos en un centro con un modelo lingüístico que luego podría ser modificado por una demanda individual.
Por parte del PSC, la diputada Rocío Martínez-Sampere, ha mostrado su apoyo a las acciones legales que adopte el gobierno catalán para defender un modelo lingüístico de "éxito", ante los intentos de diversos sectores de "politizar" la educación pública catalana.
Desde ICV-EUiA, su portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha alertado de que hay una "intención real" de algunos grupos políticos y movimientos de "dividir" y de "construir un conflicto lingüístico" que no existe para obtener un rédito político.
La diputada ecosocialista, que ha destacado el "éxito" educativo pero también "social" del sistema educativo catalán, ha hecho así un llamamiento para "blindar" el modelo lingüístico y el catalán como lengua vehicular, y ha dicho no entender una sentencia judicial que por preservar un derecho individual se ve afectado el resto de los alumnos.
Por su parte, el diputado de la CUP Quim Arrufat ha expresado su preocupación ante el hecho de que desde los tribunales se imponga una ruptura del "consenso amplio" entorno al modelo educativo catalán, y ha llamado a la desobediencia civil.