Los expolíticos, miembros de la Fundación España Constitucional, proponen una reforma de la constitución en cuanto a la organización territorial, aunque insisten en que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña es disparatado" y que "una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas".

Piden "derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos" pues "no hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia".

Ante una declaración unilateral de independencia los expolíticos creen que "no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase" la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña, una previsión constitucional "vigente" para situaciones graves. También prefieren las vías de reflexión y concordia y concluyen que "ahora es la hora de la prudencia y la responsabilidad".

Entre los venticinco firmantes hay nombres como Marcelino Oreja, Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio Ortega y José Lladó, por UCD; Cristina Garmendia, José Bono, Cristina Alberdi y César Antonio Molina, por el PSOE, y Josep Piqué, Pío Cabanillas, Eduardo Zaplana y Abel Matutes, por el PP.

El documento consensuado forma parte de un llamamiento al diálogo a las principales fuerzas políticas ante "tan desatinado y grave propósito" como es "un plebiscito separatista" que plantea Artur Mas en las elecciones del 27-S.

Los firmantes recuerdan que la Constitución consagró una "amplia descentralización política" y que Cataluña "nunca antes gozó de una autonomía tan profunda". Al mismo tiempo reconocen que hay nuevas circunstancias que aconsejan estudiar la reforma de la norma fundamental.

En ese cambio señalan la organización territorial del Estado como una cuestión que la Constitución dejó "muy abierta" y que debería ser "actualizada" para "ajustarse mejor y de manera equitativa a las necesidades del conjunto de España y de los perfiles singulares propios de sus comunidades".

El manifiesto aboga en ese sentido por propiciar ante la opinión pública "un riguroso análisis sobre si su singularidad -la de Cataluña- está siendo reconocida y valorada de manera justa y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes".