Los detenidos son el empresario Jordi Sumarroca y sus familiares Susanna y Joaquim, todos vinculados a la empresa constructora Teyco; el exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué, y el gestor y abogado Mariano Júdez. Fuentes próximas a la investigación señalan que se han acogido a su derecho a no declarar y que irán pasando a disposición del juzgado número 1 de El Vendrell.

Las pesquisas se centran en saber el origen de los 1,4 millones de euros que cobró Masagué de la familia Sumarroca y que, según El País, se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi. Así, hay constancia de cuatro transferencias de dinero desde cuatro filiales de Teyco a Daloi y a Maes, que ascienden a 581.000 euros, efectuadas en diciembre del 2011.

Por otra parte, constan dos transferencias más de 300.000 euros de la compañía Revi, del grupo Teyco y con Jordi Sumarroca como administrador, y 340.000 más, en cinco operaciones, de Star Law, cuyo administrador es Joaquim Sumarroca, entre el 2012 y el 2013.

En agosto del 2012, la empresa Trebaxtron, administrada por Júdez, pagó 210.000 euros a la empresa panadera de Masagué. Por otra parte, Teyco supuso más de la mitad de la facturación de Maes en el 2012, la panadería facturó 672.000 euros, de los que 420.000 procedían de la constructora barcelonesa.Teyco ha informado en un comunicado de que todas las relaciones comerciales con Masagué pertenecen al "ámbito profesional privado", son transparentes y están justificados.

En el ámbito público y bajo el mandato de Masagué, Teyco construyó el aparcamiento Filadors, que costó 2,5 millones de euros, un 40 % más de lo presupuestado, y sigue inactivo. También hizo obras para Sorea, adjudicataria del servicio de suministro de agua y alcantarillado en Torredembarra.

El juez y la fiscalía anticorrupción también investigan el contrato del agua, el del servicio de la limpieza y dos alquileres con derecho a compra. El 26 de junio del año pasado, la Guardia Civil ya detuvo a Masagué y a Jordi Sumarroca, a siete concejales con cartera y al empresario local Blas Niubó por un delito contra la administración pública.

La parte ya no secreta del sumario revela las sospechas de una "trama corrupta" y un "abuso de poder" del Ayuntamiento, del que "gran número de personas físicas y jurídicas obtienen beneficios".