Estos son, en resumen, las causas más importantes del próximo año:

CASO GÜRTEL (Madrid).- Investigación a una supuesta trama de corrupción ligada al PP, que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que en 2014 tratará de concluir su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz, para llevar el caso a juicio. Hay un centenar de imputados en la causa, entre los que destacan el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza y que se encuentra en prisión desde el 27 de junio), y sus antecesor en ese cargo Ángel Sanchís ("depositario y custodio" del dinero de Bárcenas "expatriado desde Suiza").

CASO BÁRCENAS (Madrid).- Pieza separada del caso Gürtel, abierta por el juez Pablo Ruz en 2013 a raíz de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B en el PP. Los documentos reflejan presuntas donaciones de empresarios y pago de sobresueldos a altos cargos del partido. Hasta el momento hay 17 empresarios imputados, así como el propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, así como el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas; el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que realizó la reforma en la sede de la calle Génova, Gonzalo Urquijo. También han declarado como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, entre otros. El 19 de diciembre, Ruz envió a la policía a la sede nacional del PP, de donde se llevó cinco mil folios para la investigación.

CASO NÓOS (Baleares).- Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investigan desde 2010 varios presuntos delitos de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos -que fue presidido por Iñaki Urdangarin, imputado en la causa, entre 2003 y 2006-, así como fraude fiscal y blanqueo de capitales. La investigación tiene su epicentro en Palma, pero cuenta con ramificaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, donde hay decenas de imputados. El juez José Castro ultima la instrucción y una de las últimas decisiones pendientes es si vuelve a imputar a la infanta Cristina para que declare, cuestión que resolverá previsiblemente en los primeros días de 2014.

PALMA ARENA (Baleares).- Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP) de 2003-2007, este caso ha derivado en 26 piezas distintas, entre ellas los casos Nóos y Over, de las que por ahora se han juzgado dos. En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al beneficiar con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, si bien el Tribunal Supremo redujo la pena a 9 meses al considerar que solo había cometido tráfico de influencias. El pasado 8 de diciembre solicitó el indulto del Gobierno para evitar entrar en prisión, como había ordenado la Audiencia de Palma. En el segundo juicio, Matas ha sido condenado por un jurado a pagar 9.000 euros como autor de un delito de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.111 euros por un trabajo ficticio. Respecto al resto de piezas, la mayoría se están instruyendo.

ERE FRAUDULENTOS (Sevilla).- El caso de los ERE falsos suma hasta ahora 133 imputados por la juez sevillana Mercedes Alaya entre "intrusos", mediadores y altos cargos de la Junta, aunque en noviembre las nuevas ramas abiertas por esta magistrada y su compañero Juan Gutiérrez Casillas se ampliaron a nueve empresas públicas andaluzas y los avales otorgados por casi todas las consejerías. Alaya ha imputado hasta ahora a una treintena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, y el pasado 22 de noviembre dio un paso más al pedir al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que certifiquen el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta. La magistrada ha extendido su investigación al sindicato UGT, ha imputado a varios de sus dirigentes por posibles irregularidades en las comisiones percibidas de los ERE, y ha abierto una nueva vía que investiga el desvío de fondos de formación para otros fines, hasta el punto de haber ordenado el registro de la sede regional de esta formación.

CASO PALAU (Barcelona).- Cuatro años y medio después de abrirse la investigación por el expolio del Palau de la Música a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull, el caso está casi listo para enviarse a juicio: la Fiscalía pide 27 años para los saqueadores confesos y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar. El fiscal plantea además el comiso de 6,6 millones a la formación nacionalista por las comisiones ilegales que cree que recibió de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública, mientras la acusación particular ejercida por el Palau se ha cebado en Millet, para el que pide 81 años de cárcel, sin acusar a CDC del expolio. También el caso de las irregularidades urbanísticas por la construcción del fallido Hotel del Palau de la Música está a las puertas de juicio, que se iniciará en febrero próximo contra Millet y Montull y la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

CASO ITV (Barcelona).- La presunta trama de empresarios y cargos públicos que intentaba amañar el mapa de estaciones de ITV en Cataluña ha comportado este año la imputación por tráfico de influencias del diputado de CDC Oriol Pujol, al que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera "vértice" entre las dos ramas de la presunta red corrupta. La imputación de Pujol por el caso de las ITV, que sigue en instrucción, le ha costado su cargo de secretario general de CDC, funciones que ha delegado temporalmente, aunque sin renunciar a su escaño de diputado en el Parlament.

OPERACIÓN CAMPEÓN (Lugo): Tras más de dos años de diligencias, la operación Campeón, en la cual se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, con el empresario lucense Jorge Dorribo -propietario de la farmacéutica Nupel- en el epicentro de las pesquisas, podría quedar definitivamente concluida antes de marzo. Aunque el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en la causa, en cuyo sumario figuran más de medio centenar de imputados, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, está ya resolviendo los recursos que presentaron los abogados defensores para solicitar el sobreseimiento del proceso tras el cierre inicial de la fase de instrucción.

OPERACIÓN POKEMON (Lugo).- La jueza del llamado caso Pokemon, Pilar de Lara, informó en su última resolución de que el secreto de sumario, después de casi año y medio de reserva sobre las actuaciones, podría quedar levantado "de forma parcial" antes del próximo 11 de enero, de forma que casi medio centenar de imputados, en las nueve piezas en las que ha sido dividida la causa principal, podrán conocer los hechos que les atribuye la instructora. Esta operación investiga la existencia de varias tramas en distintas administraciones, en Galicia, Asturias y Cataluña, para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos y en el sumario figuran como imputados los alcaldes de Santiago de Compostela, Lugo y O Carballiño, así como los antiguos regidores de Ourense y Boqueixón.