En un informe, la Fiscalía Anticorrupción explica las condiciones bajo las que, a su juicio, debiera practicarse la declaración por escrito de Aguirre, que deberá contestar a un pliego de preguntas presentado por las partes de la causa para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, vinculada a la trama Gürtel.
En un caso similar, la toma de declaración como testigo y por escrito del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso Nóos, el juez instructor, José Castro, impuso que lo hiciera en un despacho oficial de su elección, incomunicado del exterior y en presencia de la secretaria judicial.
En esta ocasión, la Fiscalía recomienda que se haga también ante su secretario judicial, quien deberá avisar a Aguirre de "la obligación que tiene de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal".
También recomiendan que en la declaración solo esté presente el secretario judicial, funcionario que debe controlar que la testigo "no comunique por vía telefónica o por cualquier otro medio con terceros". Además, las fiscales abogan por que Aguirre no pueda consultar documento alguno durante la declaración, "salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar".
Esperanza Aguirre decidió acogerse a su derecho a prestar declaración por escrito, después de que el juez Ruz, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, decidiera que su testimonio era necesario para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept.
La Fiscalía se opuso a esta citación, pero Ruz la creyó "útil e idónea", pese a que de las diligencias practicadas no resultara hasta ahora indicio alguno de participación o consentimiento por su parte "en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid".