Con los pactos locales y autonómicos aún sin cerrar, algunos gobiernos en funciones continúan tramitando contrataciones y concesiones. La mayor parte de los casos responde a trámites que ya estaban en curso y que deben cerrarse para cumplir con la legalidad. En otros, parece haber intenciones más sospechosas al saber que van a perder el bastón de mando.
Antes de las elecciones se dispararon las adjudicaciones: de enero a abril se multiplicó casi por dos el gasto público para licitaciones, y los expertos dicen que los intereses electoralistas para captar votos tuvieron mucho que ver. Según Lluis Oriol, profesor de ciencias políticas de la universidad Carlos III, "algunas contrataciones tienne un carácter electorialista y otras más oportunista" , afirma.
Donde más se disparó, respecto a 2014 fue en las Islas Canarias, en el País Vasco y en la Comunidad de Aragón. Algunos ayuntamientos han dejado bien atados algunos asuntos in extremis: en Zaragoza, el PSOE, la gestión y mantenimiento del Parque del Agua, y en Madrid, el PP pasa el testigo deprisa y corriendo de un contrato de 11 años y 120 millones de la planta de residuos de Valdemingómez.
Hay algún caso que parece, cuanto menos, sospechoso: en Navalcarnero, el alcalde ha dejado a última hora la concesión de una residencia a un imputado en la trama Gürtel.