El asunto arrancó cuando un juez de instrucción de Murcia elevó una exposición razonada ante el Supremo, al entender que existen indicios de la implicación de la alcaldesa en una supuesta recalificación irregular de terrenos junto al Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf en un espacio protegido.
El Supremo preguntó al fiscal, quien informó a favor de admitir el asunto, porque la persona afectada es diputada y, por tanto, aforada ante el alto tribunal, y porque podría existir un delito de prevaricación. Después de escuchar al fiscal, el Supremo decidió el pasado mes de enero abrir una investigación preliminar en relación con Barreiro y el citado caso.
La supuesta prevaricación administrativa se habría cometido con la modificación del plan general de ordenación urbana de Cartagena para permitir la urbanización de terrenos protegidos por su valor ecológico y ubicados junto al Mar Menor. El alto tribunal decidirá si existen motivos para pedir el suplicatorio después de interrogar a Barreiro y de, en su caso, llevar a cabo otras diligencias.