El documento en el que se revela la intención oficial de esconder tragedia de Iguala, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y señala serias deficiencias en la investigación, "representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano", indicó AI en un comunicado.
Los especialistas nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron al Gobierno por no seguir líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones y de torturar a presuntos sospechosos para obtener confesiones. "Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto", dijo la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas.
La respuesta oficial a este caso "es la trágica ilustración de la actitud que tiene (el presidente) Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen", aseveró.
Ello, añadió, "es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas" sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a presuntos miembros de un cártel.
En un comunicado, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró que el informe del GIEI "ha revelado cómo funciona internamente la impunidad en México de un modo que nunca lo habíamos visto antes". "El primer informe del grupo documentó graves defectos en la investigación del gobierno, éste último va mucho más allá y ofrece pruebas de la manipulación de evidencia, obstrucción y aparentemente tortura por parte de las autoridades", aseveró.