El ex juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón ha advertido de que si las autoridades británicas aprovechan la salida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de la Embajada de Ecuador en Londres, hacia un hospital para detenerle, "estarían fuera de toda legalidad".

Assange considera que hay un juicio en su contra por revelar secretos de Estado

"En ningún caso podría aprovecharse una salida hacia un hospital por prescripción médica para tomar unas medidas que entiendo que estarían fuera de toda legalidad", ha dicho Garzón, en declaraciones a la prensa.

El jurista español ha argumentado que las autoridades británicas deben respetar la inmunidad que el Derecho Internacional le reconoce al periodista australiano en calidad de asilado político, en concreto, y los Derechos Humanos, en general.

Interrogado sobre la salud de Assange, Garzón ha aclarado que "no es alarmante", ya que ha tenido una acogida "óptima" en la misión diplomática, pero que sus condiciones de vida "no son idóneas, ni físicas ni psicológicamente, para una estancia prolongada". 

La preocupaciones sobre la salud del fundador de Wikileaks se desataron cuando el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, manifestó públicamente su preocupación por el estado físico y psicológico de Assange.

El periodista australiano permanece refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el pasado 19 de junio, cuando solicitó asilo político al Gobierno de Rafael Correa, que se lo concedió. Sin embargo, no puede abandonar la sede diplomática porque Reino Unido insiste en que tiene la "obligación legal" de extraditarle a Suecia, donde se le investiga por varios delitos sexuales.

Assange solicitó el amparo de Ecuador argumentando que es víctima de una persecución política en Estados Unidos por publicar cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak, Afganistán y las relaciones diplomáticas.

El fundador de Wikileaks asegura que en el país norteamericano se está celebrando un juicio secreto en su contra por revelación de secretos de Estado, por lo que en caso de ser extraditado a Estados Unidos podría ser condenado a la pena de muerte.