De los 93 países en el mundo que ya disponen de esta ley, España era el último de la Unión europea que seguía sin ella. Así es que justo un día antes de la comparecencia de Mariano Rajoy, el Congreso propuso un proyecto de ley que aún tendrá que pasar por el pleno del Congreso y por el Senado.
Los partidos políticos españoles por fin serán 'transparentes'. Según el nuevo proyecto de ley sólo están obligados a publicar sus cuentas anuales y el salario de sus máximos dirigentes. “Los partidos políticos están obligados a publicar información, pero no a responder a las solicitudes de los ciudadanos, lo que implica que no vamos a tener derecho a solicitar información”, ha afirmado la Directora de Access Info Europe en España, Helen Derbishire.
El silencio
Si el Gobierno no quiere responder a preguntas incómodas, según el proyecto de ley de transparencia, basta con que dé el silencio por respuesta. Antoni Gutiérrez-Rubí , Asesor de Comunicación, asegura que “el silencio administrativo sí que es una respuesta pero es un justificable y no sirve para la cultura de la transparencia porque no respeta al ciudadano y no acredita cuales son las justificaciones de esa respuesta".
El ciudadano dará explicaciones
A diferencia de la Administración, los ciudadanos sí tendremos que dar explicaciones. No es requisito indispensable, pero si no se justifica el porqué de la pregunta, la respuesta podría llegar a ser denegada. Según Beltrán, Experto en Derecho Administrativo, "no se trata de que el administrado tenga que hacer un juicio para conseguir una información cuando es la administración la que está obligada a darla".
Los límites
La organización 'Acces Info' ha preguntado a 46 gobiernos qué tipo de armas ha utilizado la policía en las últimas manifestaciones. España podría negarse a responder a la ciudadanía, porque, según el nuevo proyecto de ley, esta información podría ser considerada un "informe interno". Helen Derbishire ha afirmado que "no va a admitir preguntas sobre informes internos o conversaciones entre administraciones".
El órgano sancionador
La falta de independencia del Consejo de Transparencia es otro de los desaciertos de este proyecto de ley, que prometía ser la más avanzada de nuestro entorno, pero según los expertos no cumple con los estándares de transparencia internacionales.