El próximo lunes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentará los datos tras la revisión por la Intervención General del Estado de las cuentas remitidas por las comunidades autónomas, de las que once aseguran haber cumplido y otras dos admiten matices que pueden alejarles del objetivo.
Sólo Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña han guardado silencio, si bien las tres superaban con creces en noviembre el límite permitido para 2013, con desviaciones del 2,30 %, del 2,01 % y del 1,96 %, respectivamente, cuando debían terminar el año por debajo del 1,60 % en el caso valenciano, del 1,59 % en el murciano y del 1,58 % en el catalán.
Aragón ha reconocido una desviación en el cumplimiento del déficit de 2013, pero ha discrepado del cómputo que hace el Ministerio de Hacienda de 173 millones de euros, ajustes que la presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, considera "indebidos", por lo que planteará un recurso contencioso-administrativo. Otras dos autonomías, Navarra y Castilla-La Mancha, consideran cumplido el objetivo, pero admiten que las cifras que remitieron al Ministerio están condicionadas por circunstancias extraordinarias, que pueden convertirlas en incumplidoras.
En el caso de Navarra, depende de la interpretación "contable" de un asiento de 95 millones tras la regularización del Convenio Económico de Navarra con el Estado. Si se computa como considera Navarra, el déficit sería de un 1,05 % (lo que supondría cumplir con el objetivo del 1,2 %), pero de lo contrario el déficit llegaría al 1,57 %. Por su parte, Castilla-La Mancha ha remitido al Ministerio un déficit del 1,24 % del PIB regional, por debajo del objetivo del 1,30 %, si bien la Junta no computa otro 0,8 % que corresponde a dos circunstancias "excepcionales", catalogadas como "one-off", es decir, hechos singulares que no tendrán permanencia en el tiempo.
Se trata de los 212,3 millones de euros que se deben devolver a las compañías eléctricas por el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente ingresado entre 2001 y 2012 y anulado por el Tribunal Constitucional y de los 65 millones de euros que se deben abonar a la Seguridad Social por la regularización del IVA de obras entregadas entre 2007 y 2011. El resto de los gobiernos autonómicos asegura haber cumplido el objetivo.
Andalucía ha comunicado una desviación del 1,56 % del PIB, ligeramente por debajo del 1,58 % fijado como tope, pese a lo cual la Junta, igual que ha hecho la Generalitat de Cataluña, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha informado de que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha agradecido personalmente el cumplimiento del objetivo porque le dijo que gracias a eso España tendrá "un buen dato de cumplimiento" En Euskadi, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha avanzado que la desviación será del 1,08 % del PIB, inferior al 1,2 % autorizado, al quedarse en el 1,08 por ciento gracias al "máximo rigor en el control del gasto público".
Madrid ha comunicado un déficit del 1,03 %, cuatro centésimas dentro del límite. No obstante, el Gobierno de Ignacio González ya ha discrepado de los datos facilitados por el Ministerio sobre la desviación acumulada hasta noviembre (0,98 % según el Gobierno autonómico, un 1,11 % para el Ejecutivo central).
Según los datos que ha facilitado, Galicia terminó 2013 con un déficit del 1,1 % de su PIB, cuando tenía autorizado un 1,2 %, mientras que Castilla y León ha informado del cumplimiento de su objetivo, al finalizar el año con un 1,09 % de déficit, 18 centésimas menos de lo permitido. Extremadura, la comunidad que tenía un techo de déficit más bajo (1 %), se quedó en un 0,92 %, mientras que Asturias y La Rioja, ambas con un límite del 1,06 %, terminaron el año con un 1,05 % y un 1,04 %, respectivamente.
El Gobierno cántabro ha recibido ya del Ministerio confirmación de que su desviación en 2013 fue del 0,99 % del PIB, por debajo del 1,13 % autorizado. Baleares terminó el año con un 1,3 %, cuando tenía margen hasta el 1,47 %, mientras que en el caso de Canarias, su presidente, Paulino Rivero, ha manifestado que el déficit encajó dentro del 1,2 % permitido, si bien no ha precisado la cifra.