El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, defiende a sus antecesores y a la cúpula de la Sanidad madrileña. Dice que “todas” las acusaciones por delitos contra la Hacienda Pública, coacciones, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos que recoge la querella "son falsas".
Además, subraya que los exconsejeros Lamela y Güemes, según el auto, no están imputados, y añade que detrás de esta maniobra, está el PSOE “empeñado en derribar al Gobierno madrileño”.
El despacho de abogados que representa a la AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid) rechaza la acusación de maniobra. “No hay ningún objetivo político”, afirma Rafael Mateo Alcantara. Y recuerdan que el juez ha admitido a trámite la querella porque ha visto indicios de delito que habrá que investigar.
La AFEM confía en que la justicia ahora dé luz a la opacidad que existe en la gestión privada de la sanidad pública y a las relaciones oscuras, dicen, que hay detrás.
María García, portavoz de la AFEM, defiende que su objetivo es " llamar la atención de esa vinculación que hay entre cargos públicos que trabajan después en empresas privadas que previamente ellos han privatizado".
Dicen las plataformas en defensa de la Sanidad Pública que la admisión del juez es una victoria aunque reconocen que solo es un paso inicial.
Desde la Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, aseguran que les parece muy positivo “porque se nos reconocen los planteamientos que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, que se está arriesgando la salud de la ciudadanía para beneficiar a algunas empresas y a algunas personas".
“Pedimos a los jueces que sean valientes y que actúen”, dice Enrique Martín, organizador de la ‘Consulta por la Sanidad Pública’.
La Marea Blanca, que lucha por una sanidad pública libre de empresas privadas, sale de nuevo este domingo a la calle.
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