Inspección de trabajo determina que la empresa concesionaria de la lavandería central cometió una infracción grave: no respetó las condiciones que tenían los trabajadores antes de pasar a manos privadas. Una resolución que avala la lucha emprendida por la plantilla.

Los trabajadores denuncian que, tras la privatización, hacen más horas por la mitad del sueldo que recibían antes. Además de los cambios en las condiciones laborales, los trabajadores denuncian las deficiencias del sistema actual de lavado: las sábanas  salen de las lavadoras todavía con manchas y toallas que  amontonan en el suelo, llenas de humedad, todo un foco de infecciones.

El ministerio de Empleo investiga también la contratación de personal externo durante la huelga que mantuvieron los trabajadores. Por todo ello la inspección de trabajo ha abierto un proceso de oficio que se resolverá en los tribunales. Los empelados confían en que estas infracciones jueguen a su favor en el recurso presentado para paralizar esta privatización.