Los procuradores judiciales siguen los procesos, informan a clientes y abogados y se responsabilizan de los trámites frente a los tribunales. Sin embargo, hasta ahora tenían dificultades para realizar diligencias como notificaciones de embargo, requerimientos o lanzamientos, algo de lo que se ocupaban secretarios judiciales o funcionarios.
El Gobierno acaba de ampliar sus atribuciones con la intención de agilizar los juzgados. El Colegio de Procuradores ha alabado el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al entender que ayudará a agilizar los trámites procesales sin que ello implique incremento alguno de los costes.
Con esta reforma se concretan ciertas competencias que, de forma demasiado genérica, ya venían contempladas en la LEC, especialmente las referida a los actos de ejecución. Ahora se les confiere la condición de agentes de la autoridad cuando expresamente sean comisionados para la realización de tales actos, siempre bajo las directrices del secretario judicial y sometidos al control del tribunal correspondiente.
Lo que se pretende es mejorar las opciones de los litigantes, potenciando la labor de los procuradores mediante el desarrollo de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, con el fin de agilizar los trámites procesales y de dotar de mayor eficacia al procedimiento. Esto producirá una significativa mejora de las opciones con que cuentan los ciudadanos cuando han de acudir ante los Tribunales, que ayudará a agilizar los trámites procesales y sin que ello implique incremento alguno de los costes del proceso, ya que será el ciudadano el que, en cada caso, decida libremente acogerse o no al nuevo sistema diseñado o seguir funcionando conforme al régimen vigente.
En el caso en que los ciudadanos no formulen su elección, añade el comunicado, la Ley entiende que se practicará por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, aunque también se prevé que la parte pueda cambiar de criterio durante la tramitación de un procedimiento, siempre que alegue una causa justa para ello.
Pero el sector de los funcionarios de la Administración de Justicia ve en esta ley, con la que el Gobierno pretende equiparar las funciones de los procuradores españoles a las de sus colegas europeos, una nueva privatización de los servicios públicos.
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