En el PSOE y Unidas Podemos presumen habitualmente de músculo legislativo. Semana tras semana ponen en valor las iniciativas aprobadas a pesar de la pandemia que se les echó encima apenas dos meses después de llegar a Moncloa.

Desde hace semanas escuchamos a sus socios pintar un panorama menos idílico. Los que llevaron a Sánchez a Moncloa son menos triunfalistas y piden a la coalición que ponga en marcha la agenda social que prometieron al llegar al Gobierno.

"Tienen que ser valientes", señala, por ejemplo, el portavoz de Compromís. Para Mertze Aizpurua, portavoz de Bildu, "van al ralentí en muchos asuntos que estaban en su programa de Gobierno".

Casi todos los partidos que llevaron a Sánchez a Moncloa y con los que he hablado reconocen que sí ha habido avances en cuestiones de suma importancia. Destacan la ley de eutanasia, el salario mínimo interprofesional, el escudo social de los ERTE o la ley de Infancia.

"Se han hecho cosas bien", asegura Joan Baldoví. Añade además el portavoz de Compromís que en los últimos tiempos han notado cambios en la forma de trabajar de algunos Ministerios, consultando e informando a los socios de investidura sobre los pasos que quieren dar. Aún así, varios socios siguen pensando que éste no es un Gobierno demasiado dialogante. Se quejan amargamente de su falta de talante, de que les llaman tarde y mal para tratar temas que necesitan una mayor reflexión y negociación.

La teoría que comparten varios portavoces es que el Gobierno juega de manera indirecta con la idea de que la alternativa a la coalición es la derecha y que ningún partido que llevó a Sánchez a Moncloa quiere dar alas a un Gobierno de Casado. "A veces actúan como si fuera un Gobierno ungido por la gracia de Dios", afirma uno de los socios.

Pero esa amenaza que sobrevuela para la izquierda no ciega a los partidos que Sánchez necesita para seguir en Moncloa. Tienen claro que van a pelear lo que haga falta, reclamando más decisión a la hora de hacer cambios legislativos.

ERC, Compromís, Más País o Bildu llevan meses pidiendo que llegue ya al Congreso, por ejemplo, la ley de vivienda que regule los precios del alquiler. El problema es que el PSOE y Unidas Podemos no consiguen ponerse de acuerdo en un asunto que ambos pactaron en su acuerdo de coalición pero que les mantiene muy alejados en sus posiciones. Los socios también tienen prisa por ver la derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, los cambios en la ley mordaza o la modificación de la ley de secretos oficiales tantas veces reclamadas por el PNV, el socio preferente del Gobierno. Por cierto, un PNV que esta semana ha vuelto a amenazar al Gobierno con ponerle las cosas difíciles si no traspasa ya a Euskadi la gestión del SMI. Un compromiso adquirido por el Gobierno de Sánchez hace meses y que aún no se ha materializado.

Así las cosas, es cierto que todos apuestan por una legislatura larga pero también es igual de cierto que todos ellos van a estar al pie del cañón para exigir al Gobierno todo aquello que se comprometió a hacer y por lo que le llevaron a Moncloa.

Mientras tanto, a la espera del verano, en el Congreso se percibe un cierto hartazgo y desolación por el bajo nivel de casi todos los debates políticos. Un diputado que lleva siete años en la cámara baja lamenta la degradación de lo relevante. Asegura que hacer debates sensatos es de extraterrestres y que el ambiente es el de la confrontación permanente. Son varios los que reconocen que casi no se tienen debates de Estado. Que solo se sacan las tripas a pasear. Y eso que todavía no se han concedido los indultos. Lo mejor está por llegar. O lo peor.