Ha costado tres meses y medio conocer la respuesta, pero finalmente Zoido ha abierto el libro de cuentas del despliegue de seguridad en Cataluña, que supuso un coste de 87 millones de euros.
Derrama de dinero público entre alojamiento, manutención o dietas para la que el Gobierno tiene culpable, que no es otro Puigdemont y "la arrogancia irresponsabilidad del que era Gobierno autonómico catalán".
Hasta 6.000 agentes estuvieron desplazados en los días del referéndum, y según el ministro, su actuación fue impecable, ya que la califica de "legítima, profesional y proporcionada". Además, defiende que se usó la fuerza mínima imprescindible.
A pesar de ello, el titular de Interior lamenta que hubiera heridos, que también achaca a otros, más concretamente a "aquellos que con un comportamiento arbitrario irresponsable generaron el clima de crispación y no las fuerzas que cumplían un mandato judicial".
También apunta a la limitada eficacia de los Mossos en unas explicaciones que han enervado a la oposición. La única autocrítica de Zoido ha sido la de no encontrar las urnas, y es que a día de hoy sigue sin saber de dónde salieron.