Masakatsu Nishikawa, de 61 años y condenado por el asesinato de cuatro mujeres en los años 90 es el primero de los ajusticiados. Había presentado un recurso para que se revisara su caso, según la agencia Kyodo. El otro preso, Koichi Sumida, de 34 años, se declaró culpable del asesinato de una compañera de trabajo en 2011.
El ministro de Justicia nipón ha dicho, en una rueda de prensa celebrada tras la primera ejecución, que ha dado la orden después de "pensarlo cuidadosamente", ya que se trataba de un caso "extremadamente cruel, en el cual se acabó con la vida de las víctimas con un objetivo egoísta".
Japón es el único país industrializado junto con Estados Unidos que mantiene la pena de muerte. La reticencia del país nipón a abandonar esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional.
Esta organización tilda de cruel la legislación nipona, en la que se estipula, entre otras cosas, que los condenados a muerte han de ser ahorcados, permanecer incomunicados hasta que les aplique la pena y recibir la noticia de su ejecución pocas horas antes de llevarse a cabo.
En octubre de 2016 la Federación de abogados de Japón aprobó por primera vez la adopción de una declaración contra la pena de muerte en el país asiático, en la que abogan por sustituirla por la cadena perpetua para el año 2020.
El ministro Kaneda ha expresado públicamente su oposición a abolir la pena de muerte argumentando los datos que arrojan las encuestas, donde más del 80 por ciento de los japoneses dice estar a favor de la pena capital, pese a que algunas organizaciones han puesto en duda la metodología de los cuestionarios.