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¿QUIÉN TEME AL PROGRESO TECNOLÓGICO?

Sólo una cosa puede frenar al progreso tecnológico: los intereses económicos

Los lobbys de varios sectores han presionado para bloquear algunas apps, plataformas y servicios que amenazan sus mercados tradicionales. Esto, que cada vez sucede con mayor frecuencia, puede estallar en breve con avances importantes en lo tecnológico como los que plantea el coche robótico en el que trabaja Google

Uber, una forma alternativa de transporte

Uber, una forma alternativa de transporte Uber

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Hace unos días los taxistas salían a la calle para protestar por el surgimiento de algunas plataformas digitales que, consideran, les están haciendo competencia desleal: ellos pagan carísimas licencias para poder transportar viajeros en sus coches particulares, convenientemente identificados, usar paradas instaladas al efecto en la vía pública y circular en exclusiva -junto al transporte público- por carriles reservados para ellos. El Gobierno tomó cartas en el asunto y reguló la cuestión, que afectaba a tres plataformas conocidas, como BlaBlaCar (para compartir trayectos entre usuarios), Cabify (un servicio de alquiler de limusinas) y Uber (una especie de servicio de taxi paralelo). Antes que en España sucedió en EEUU, desde donde se veía venir el desembarco de servicios como estos, algunos alimentados directamente desde nuestro país.

El sector del taxi, sin embargo, se abrazó a las nuevas tecnologías cuando las apps les beneficiaban, permitiendo que los usuarios llegaran fácilmente a ellos (y sólo a ellos), como Hailo, MyTaxi o JoinUp Taxi. El argumento para defender las licencias, además del impacto económico en un sector regulado, es el de ofrecer unas condiciones legales de seguridad en el servicio a través de la licencia: número e identificación, seguimiento GPS, posibles reclamaciones...

El de los taxis no es el único servicio afectado. Plataformas como AirBnB han profesionalizado ideas que ya se dejaban entrever en CoachSurf y ha provocado la reacción enfadada del sector de los hoteles, que por su parte se ha visto beneficiada por otras apps de compra de última hora (Trivago y demás).

Nadie recuerda, sin embargo, a otros sectores que fueron aniquilados, o prácticamente aniquilados, por la irrupción de las nuevas tecnologías y por el uso social: desde las cabinas de teléfono a los buzones de correos, pasando por los GPS -que han tenido que incrustarse en el coche para sobrevivir a Google Maps y aun así- o las Páginas Amarillas. De hecho, más que una guía telefónica, aquello era un pequeño mercado publicitario para negocios de cercanía que sucumbió a los TripAdvisor, 11870.com y demás.

La lista de 'negocios tradicionales' que compiten con mayor o menor acierto a los nuevos tiempos es extensa

Lo que compite ahora mismo no es 'lo viejo' contra 'lo nuevo', o no sólo eso. Compiten modelos protegidos de actividad económica con plataformas normalmente sociales tras las que hay también intereses económicos de las empresas que las explotan. Y, como en buen choque, cada bando tiene sus ejércitos. Los 'nuevos' tienen a los usuarios, que se benefician de mayor flexibilidad y mejor precio, y los viejos tienen a los 'lobbys'

¿Qué es un 'lobby'? En terminología política se les conoce como 'grupo de interés', es decir, un grupo de personas o empresas que defienden algo común por interés económico. Por poner un ejemplo, ¿qué impide que el Gobierno baje más los precios del billete de AVE entre dos ciudades como Madrid y Valencia? Además de intentar no perder aún más dinero con el coste de la infraestructura y su mantenimiento, el lobby de empresas afectadas: desde la línea de autobús que ha cubierto el recorrido en régimen de semi-monopolio como alternativa al lento tren anterior a la Alta Velocidad, hasta la red de gasolineras y áreas de servicio que pueblan los bordes de la autovía. Porque ¿de qué comerían muchas familias de esas comarcas castellanomanchegas si se cierra una de sus principales activos económicos?

Por eso los taxistas, empresarios hoteleros y demás intentan presionar al Gobierno para que les proteja. Igual que ellos esgrimen de cara a los ciudadanos que sólo ellos pueden ofrecer un servicio con garantías, también le dicen al Ejecutivo que si ellos caen se traducirá en un aumento del paro a costa de su sector. Y eso pasa en España, pero también en cualquier otro país donde tienen lugar estos choques (otra cosa es que gobiernos más liberales, como el de EEUU, se pliegue o no a esas demandas y, si lo hacen, a cambio de qué)

Ahora pongamos un ejemplo extremo del ámbito tecnológico. Google está probando, con éxito, un vehículo que conduce solo. que ha sido capaz de recorrer miles de kilómetros sin ningún contratiempo. Imagina las posibilidades que abriría: un vehículo que jamás tuviera un accidente, ni incumpliera una norma de tráfico. Las consecuencias humanas son maravillosas: eliminación o, al menos, reducción de las muertes y heridas por accidente, eliminación o reducción de las multas de circulación...

Y ahora piensa en la lectura económica. Primero, fin de gran parte del negocio para los talleres de coches, que pasarían únicamente a labores de mantenimiento propias del desgaste, no a las averías sobrevenidas de forma no-natural. Segundo, fin de gran parte del negocio de los seguros de coche, porque no sería necesario asegurar a las personas, ni a los coches, más allá en estos últimos del desgaste o de las causas climatológicas o naturales externas (incendios, inundaciones, robos...). Tercero, fin de una parte del negocio de los fabricantes de coches, porque más allá de la obsolescencia programada o de la mejora de terminales, la gente compraría menos coches porque no hay accidentes. Cuarto, fin de una importante vía de recaudación para las autoridades por la desaparición de las multas de circulación, con lo que conllevaría en términos de impacto económico público y de excedente de trabajadores en los cuerpos de Tráfico

Para equilibrar la balanza y que dicho progreso tecnológico sea rentable habría que buscar nuevos negocios y vías de ingreso para el nuevo ingenio motorizado. O eso, o protestas de mecánicos, aseguradoras, fabricantes y, quién sabe, bloqueo de patentes por parte de las autoridades.

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