Una ONG usa blockchain para evitar que los rohingya queden indocumentados

Los problemas de la minoría rohingya han saltado a la palestra mediática recientemente. En una grave crisis de refugiados, alrededor de 650.000 personas han llegado a Bangladesh huyendo de Myanmar, la antigua Birmania. Este país, de mayoría budista, no reconoce la ciudadanía a esta minoría musulmana.

Fuera de su país y de sus hogares (muchos de ellos han sido destruidos), los rohingya han quedado indefensos ante el mundo. Están indocumentados y disponen de escasos recursos. De esta manera, no pueden solicitar el acceso a una educación para los niños y jóvenes, o sencillamente abrir una cuenta de banco.

The Rohingya Project, una ONG orientada a solventar los problemas de la minoría, se ha propuesto paliar estas dificultades. Su idea es original: para hacerlo se basarán en blockchain, la tecnología que sustenta Bitcoin, como forma de proporcionar identidades digitales a este colectivo de refugiados.

El funcionamiento de blockchain se basa en una red computacional distribuida. Esto permite que una vez que se haya comprobado que una persona pertenece al pueblo rohingya se le pueda dotar de una identidad digital.

Esta documentación tendrá las garantías que ofrece blockchain, donde el hackeo de la información es inviable ya que está repartida en miles de ordenadores. De esta forma, los miembros de la minoría tendrán una forma de identificación, aunque no haya sido emitida por un Estado.

Además, si la iniciativa logra contar con apoyos internacionales, el problema de la indocumentación iría remitiendo, ya que se trata de un problema que viene de lejos. De hecho, en 1982 el gobierno birmano excluyó a los rohingya de los grupos étnicos reconocidos dentro del país, lo que les hizo convertirse de forma efectiva en apátridas. Tanto es así que para casarse o viajar necesitan pedir permiso a las autoridades.

El proyecto empezará por beneficiar a mil personas en 2018, todas ellas parte de la diáspora rohingya, seres humanos que se encuentran repartidos por Bangladesh, Malasia o Arabia Saudí. Entre los beneficios que la ONG The Rohingya Project cree que la nueva documentación ofrecerá está también el acceso a los hospitales, aunque ellos hablan de algo si cabe mucho más importante: contribuir a que estas personas recuperen la dignidad.

La tensión ha ido en aumento entre el gobierno birmano y la minoría musulmana. Cuando en verano un grupo de insurgentes rohingya atacó puestos de Policía y una base militar, el Ejército de Myanmar desplegó sus fuerzas en la región y aplicó un castigo colectivo. Esto provocó que entre agosto y septiembre cientos de miles de personas tuvieran que huir a Bangladesh en condiciones miserables, agravando su paupérrima situación.

Según Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohingyas habrían muerto a manos del Ejército birmano. Tres meses después del punto álgido de la crisis de refugiados, Myanmar y Bangladesh han acordado su repatriación. Sin embargo, la voluntad de cooperación de la antigua Birmania no está clara, pues las autoridades acaban de prohibir que la relatora especial de derechos humanos de la ONU entrara en el país.

Ante la inacción de la comunidad internacional, buenas son las iniciativas, aunque sean tecnológicas.