Pero, paradójicamente, es en esta pequeña cantidad, las donaciones, donde se esconde el principal coladero de corrupción. Hasta hace sólo seis años estas aportaciones no tenían límite de cantidad y podían ser anónimas. Es decir, nadie conocía la procedencia de ese dinero, así que los partidos podían usarlo para recibir pagos de favores o directamente sobornos. Para acabar con esto, en el año 2007 se prohibieron las donaciones anónimas y además, en 2012 se establecieron topes.
Ahora, una misma persona o empresa no puede regalar a un partido más de 100.000 euros al año. Eso sí, hay excepciones: las donaciones de inmuebles, como por ejemplo, pisos o edificios, no tienen límites. Pero a pesar de estos controles, los regalos se mueven en una oscura frontera entre el altruismo y la compra de favores.
Pero a la hora de hacer caja, los partidos se guardan otro as en la manga. Cuando el dinero no llega, piden créditos a los bancos. Según los últimos datos disponibles del Tribunal de Cuentas, en 2007 los partidos políticos debían más de 226 millones de euros a entidades bancarias.
En total, en nueve años, ente 1993 y 2002, los bancos perdonaron a las formaciones politicas más de 25 millones de euros. Estos excesos han obligado al Gobierno a limitar las condonaciones. Desde 2012, los bancos sólo pueden perdonar deudas que no superen los 100.000 euros.
En España ya hay un organismo encargado de vigilar que el dinero de los partidos sea legal: es el Tribunal de Cuentas. Sin embargo tiene un gran problema: es muy lento. Tarda 5 años en revisar las cuentas de las formaciones políticas. Demasiado porque las infracciones que cometen prescriben a los 4 años. Resultado: cuando descubren la falta, ya es demasiado tarde para sancionarlos.
Jesús Bárcenas tiene tres causas abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero el caso Bárcenas, el de los sobres, va más allá de los juzgados, porque afecta directamente a la imagen institucional del partido en el Gobierno.