La Audiencia provincial ha desestimado el recuso que pusieron los ideólogos de la privatización de la sanidad madrileña, contra la admisión a trámite de la querella de AFEM. No sólo se ha parado la privatización, sino que además podría haber delito y cada vez estamos más cerca de saberlo.
O lo que es lo mismo, se le ha dado la razón a los médicos y un varapalo a la Lamela y compañía. La Audiencia provincial irá hasta el principio de los principios para investigar si hay delito en le proceso de privatización que quiso llevar a cabo la cúpula de Aguirre.
Para entenderlo, hay que viajar al origen de esta querella. Era la época de Aguirre, de las inauguraciones de hospitales como el de Valdemoro, Torrejón o el de Móstoles. Detrás de las felicitaciones AFEM vio delito e impuso una querella. Acusar a la cúpula de Aguirre de coacción, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación , cohecho, faude y malversación de caudales públicos.
Los actores ahora imputados son ellos: Manuel Lamela, exconsejero de sanidad, para él el concepto de privatización es "la suma entre lo privado y lo público"; Juan José Güemes, sustituyó a Lamelas hasta 2003, después fichó por Unilabs la empresa privada que se le acusó de favorecer durante su cargo público; Antonio Burgëño, el ideólogo; Patricia Flores, hasta ahora viceconsejera sanitaria y defensora de los crónicos que paguen. Todos ellos y cinco ideólogos más de la privatización, tras la decisión de la Audiencia provincial de Madrid, quedan señalados como imputados y cada vez más cerca del banquillo.
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