La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señalaba a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, como responsable política y jurídica, de lo que ocurra de ahora en adelante.
Y lo que pueda pasar se traduce en el artículo 155 de la Constitución y su aplicación de manera gradual. Ese artículo incluye retirar a Cataluña la competencia, por ejemplo, sobre la actuación de los Mossos D'Esquadra que pasarían directametne a depender del Ministerio del Interior. Además, La abogacía del Estado y la Fiscalía recurrirían la resolución catalana por la vía penal apelando al artículo 161.
Eso afecta a los responsables de esa desobediencia, quien asuma la presidencia de la Generalitat, pero estaría entre esos responsables políticos, la presidenta del parlament Carme Forcadell.
Si se llegara a este punto, podrían enfrentarse a una pena por posible delito de conspiración para la sedición, algo que según el código penal, se produce cuando dos o más personas se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad (...) el legítimo ejercicio de sus funciones, el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Clave es que se alce o no un sector de la sociedad catalana. La pena mínima de prisión es de 2 años y medio y si los responsables de esa sedición son autoridades políticas hablaríamos de penas de prisión de 10 a 15 años, además de los mismos años, de 10 a 15, de inhabilitación para cargo político.
