El Partido Popular podría haber cometido un delito al destruir los datos que contenían los ordenadores de Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel desde febrero de 2009. Según afirma el magistrado Joaquim Boch “de todo lo que se ha publicado se desprende que podría haberse producido algún delito de encubrimiento por destrucción de pruebas y se deberían aclarar algunas cosas para ver si esto es así o no”.
“Las alegaciones que ha expuesto ante el juzgado el Partido Popular de que han destruido los dos discos duros porque así lo indica la legislación de protección de datos son poco razonables. Esta normativa se refiere a datos exclusivamente personales, de tipo particular, y en ningún momento justifica que se borre todo el contenido de los discos duros”, continúa.
Dada la situación de Luis Bárcenas, dueño de los ordenadores e imputado por el caso Gürtel, Bosch afirma que existe “un problema sobre el conocimiento formal que pueda tener el Partido Popular. Si existe una investigación judicial y en el PP había conocimiento de que existían datos que afectaban a dicho procedimiento, estos datos no podían haber sido borrados o destruidos”.
“Es posible que el PP alegue que no tenía constancia formal cuando destruyó la documentación, pero ese desconocimiento no significa que fuese un hecho notorio que esos ordenadores guardaban información relevante para la investigación”, recalca.
Una situación que, según el magistrado, también afecta a la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y los partidos políticos. “Cuando tenemos a una ciudadanía que está reclamando más transparencia a las fuerzas políticas contra la corrupción, la forma en la que se han desarrollado los hechos no favorece que haya mayor confianza en las instituciones”.
Joaquin Bosch habla también sobre la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de obstrucción a la Justicia. “La obstrucción a la Justicia aquí tendría un encaje penal más difícil, ya que no existe un tipo que regule esta conducta. Tendríamos que ir a si se ha podido destruir uno de los instrumentos de los delitos que se investigan, que sí sería posible. Para ello habría que aclarar quién ha ordenado la destrucción y el por qué”.
“No resulta lógico que una empresa cada vez que despide a un trabajador borre los discos duros del ordenador en el que trabajaba. Una cosa es que se eliminen datos de tipo personal, y otra es borrar los datos que corresponden al funcionamiento ordinario del Partido Popular”, concluye.